La maldición de la gasolina, por Yldefonso Finol

Quizás fue Rómulo Betancourt quien profirió el maleficio, quien nos legó este maldito vicio. En su libro Venezuela: política y petróleo, el gurú adeco estableció la máxima de que “disfrutar” de gasolina barata era una ventaja comparativa irrenunciable para el país.

A inicios de la década del cuarenta del siglo pasado, las implicaciones ambientales de una concepción tal, poco importaban, y la abundancia de dólares junto a una moneda nacional fortísima, amarrada a la estratégica producción petrolera, hacían más que viable la demagógica promesa.
Los sucesos de febrero de 1989 parecieron darle la razón a Rómulo, frente al mal discípulo que trató de imponer la tesis contraria, al influjo de la brujería neoliberal del FMI. Esta vez la gasolina fue el combustible de un proceso de cambio político inusitado, que apartaría al mínimo rol de oposición escuálida, aquella gran maquinaria partidista concebida por Betancourt.

II
Pero si a mediados del siglo XX disponer de gasolina muy barata parecía lo más normal en el país mayor exportador de petróleo del mundo, y este privilegio formaba parte de la “cultura” nacional que el comunista Rodolfo Quintero analizó desde la sociología y la antropología; haber mantenido ese mito durante las últimas dos décadas, ha resultado en configurar una actitud suicida por parte del Estado.
Se pasó del simple consumo irresponsable de combustibles —lo que de por sí incidió en cierta malformación social tendente al despilfarro— a la instrumentalización de los mismos como formas criminales de enriquecimiento rápido y grotesco.
Ante la vista inerte o cómplice de las autoridades, fueron constituyéndose desde pequeñas redes familiares hasta bandas transnacionales dedicadas al superlucrativo negocio de “exportar” gasolina y diésel en forma ilegal, masiva e impune.
El daño que esta situación le ha hecho al país es cuantitativamente incalculable, y, cualitativamente invaluable.
El destino principal de este “contrabando de extracción” ha sido Colombia, donde desde hace mucho tiempo se creó un mercado dispuesto a “legalizar” cualquier mercancía traída de Venezuela, evadiendo trámites aduanales, policiales o migratorios. Allí se formó otra subcultura, la del “aguante”.
Es así como circularon allá entre sesenta y ochenta mil vehículos con placas venezolanas, la mayoría de los cuales fueron robados en Venezuela por bandas binacionales especializadas. Lo mismo ha pasado con millonarias cuantías de alimentos, medicamentos, repuestos, insumos industriales, que son vendidos a precios hasta mil veces más altos.
Institucionalmente en Colombia hay dos piezas claves para permitir este desangramiento contra Venezuela: la Resolución Octava del Banco de la República, que, desde tiempos de Pastrana, estimuló la proliferación de operadores cambiarios fronterizos con patente de corso para afectar la moneda venezolana, mientras legitiman los dineros del narcotráfico y otras actividades criminales; y la otra, el conjunto de resoluciones ejecutivas y ordenanzas de tiempos de Uribe que dan puerta franca a la venta de gasolina y diésel sin precisar su procedencia y su cualidad.

III

La gasolina, es pues, la joya de la corona
Los millones de barriles de combustible llevados a Colombia no son sólo para los vehículos; también la principal productora de cocaína del mundo requiere este insumo para la transformación química de la hoja de coca en pasta base y cocaína de alta pureza.
No debe subestimarse este dato, ya que la vinculación del narcotráfico con el asunto del contrabando de gasolina, hace que la organicidad del negocio cuente con actores de mucha pericia en materia criminal, además de colosales recursos para soportar el funcionamiento del ciclo, que incluye tráfico de armas desde Estados Unidos, el gran comprador y beneficiario financiero de la droga.
Podemos afirmar sin lugar a dudas, que el negocio del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, es factor fundamental en la escalada de violencia que mantiene en vilo a países de Centroamérica y a México; que amenaza desestabilizar a Ecuador, y que sirve de asidero económico al paramilitarismo colombiano causante del alarmante genocidio contra el liderazgo social vivido en épocas anteriores y que nuevamente está ocurriendo en este preciso momento.
De tal magnitud y consecuencias es la problemática planteada; la extensa franja fronteriza colombo-venezolana es permeada cotidianamente por los flagelos engendrados en torno a esta criminalidad, que ha impuesto unas condiciones de vida extrañas a la tradición productiva,  bucólica,  pacífica, de esas zonas rurales, agrícolas, pesqueras, indígenas.
El Estado venezolano tiene la obligación de rescatar nuestras zonas fronterizas para la vida, la paz y la producción; que sin ellas no podemos tener soberanía.

IV
No haber actualizado el precio de la gasolina a través de un proceso sistemático y paulatino, llevándolo primero a su costo de producción y luego, con subsidios al transporte colectivo y otros rubros sensibles de afectación, ir acercándolo a un precio conveniente al país, que alejara la tentación del contrabando y recaudara recursos fiscales para la labor social y de infraestructura nacional, fue una omisión brutal que de haberla superado, habría evitado tanto desmadre.
Hace diez años propuse hacerlo con el mecanismo constitucional de las contribuciones especiales, pero –para variar- no fui escuchado (La otra brujería betancouriana la fascinación por lo foráneo en detrimento de las aportaciones nacionales).
En cambio, asumir las premisas centrales del liberalismo, “dejar hacer, dejar pasar”, que es lo que hemos observado frente a este asunto y otros del diseño económico, es la peor política rayana en lo indecible.
Soy convencido que la hiperinflación que nos azota se fraguó en el pantano de la economía criminal: cadivismo/cambismo (tema para tratar aparte) y bachaquerismo.
El margen de ganancia del contrabando es exponencial, como lo comenzó a ser su capacidad de compra. El mercado de productos escasos pasó a convertirse en una subasta; sí, el precio de los bienes los colocan quienes están dispuestos a pagar más. Y, ¿quién puede hacerlo? El que más fácilmente ha ganado la mayor cantidad de dinero. En los estados fronterizos, esta nueva “clase” de ricos, que compran (risas) el litro de gasolina a un bolívar y la revenden a dos millones, fueron los marcadores de precios cada vez más exorbitantes e inalcanzables para el pueblo trabajador.

V
Veamos un relato de nuestra surrealista cotidianidad.
En la estaciones gasolineras es normal ver situaciones anormales: una señora que conduce un vehículo modesto, luego de hacer su cola de una hora y llenar el tanque de gasolina, le paga al bombero con un billete de cinco mil. El bombero da la espalda mientras enrola el billete en el fajo que sostiene en su mano izquierda. La señora cierra el vidrio eléctrico, pone la palanca en D y se marcha, sin siquiera voltear a mirar al bombero. La pantalla del surtidor marca el precio de la compra: 140 bolívares.
Ni a la señora le importó el vuelto de 4860 bolívares que el operario debía regresarle, ni al señor bombero le interesó siquiera mirar la denominación del billete.
Algo raro está pasando en el paraíso, que la gente paga veinticinco veces el precio oficial de un tanque de gasolina y no se inmuta, ni le interesa a manos de quién va a parar su remanente. Tampoco al expendedor le interesa la transacción formal: ya vendrán en la noche los bachaqueros con la propina que si resuelve.

PANORAMA

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