Gobierno vil

Fue el calificativo que usó Francisco Valencia, director de Codevida, en ocasión de la afrenta propinada a los venezolanos con el envío, por parte del gobierno de Maduro, de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba honrando la visita del presidente Miguel Díaz-Canel; una donación que hace suponer que el recién estrenado mandatario vino a cobrar su apoyo y, además, contiene un mensaje implícito: los tiranos hacemos con el pueblo y sus recursos lo que nos venga en gana. Sirva este ejemplo de entrada sintomática a nuestro tema.

La vileza del gobierno de Maduro alcanza un grado superlativo con el contenido del informe encargado por el secretario general de la OEA a un panel de incuestionables expertos internacionales independientes –Santiago Cantón de Argentina, Irwin Cotler de Canadá y Manuel Ventura Robles de Costa Rica–, con el fin de analizar la existencia de una base razonable para establecer si el gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad y determinar si hay fundamento para remitir la situación a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional.

Luego de un exhaustivo estudio contenido en 408 páginas, el panel concluye que sí existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, y recomienda al secretario general de la OEA enviar este informe y la evidencia recopilada a la Corte Penal Internacional y también que invite a los Estados parte del Estatuto de Roma a que remitan la situación del país a dicha corte, para que pidan la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en el informe.

De las once categorías de crímenes de lesa humanidad tipificadas en el Estatuto de Roma, que se entienden como tales cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque, los expertos identificaron siete que estuvieron a cargo de la administración de Maduro, que presentan de forma detallada una por una. Los capítulos del III al VIII están dedicados a los planes del gobierno en contra del “enemigo interno”. El asesinato, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, la encarcelación o privación grave de la libertad, la persecución sistemática generalizada están tipificados como crímenes de lesa humanidad.

El capítulo IX dedicado al tratamiento de la crisis humanitaria como herramienta de persecución constituye una innovación en el análisis de crímenes de lesa humanidad: el hambre y la enfermedad como políticas de Estado, es decir, lo que produce un sufrimiento masivo deliberado por la negación gubernamental de la existencia de una crisis humanitaria en el país y el rechazo a toda ayuda internacional, así como la politización de los servicios públicos y la distribución de alimentos (los CLAP).

El capítulo X abunda en el tratamiento de la ausencia de justicia en Venezuela.

Es importante precisar que ni el panel ni la Secretaría General pudieron realizar misiones en el territorio venezolano, por impedimento del gobierno, por lo que el estudio está basado en entrevistas con ONG, ex funcionarios, familiares de presos, informes anteriores como el de Casla, Human Rights Watch, el Foro Penal, entre otros. En la versión del informe disponible públicamente se omitieron ciertas secciones en aras de proteger la identidad de algunas víctimas e informantes.

A pesar de las declaraciones de los defensores de derechos humanos y expertos en la materia sobre el hito que marcará este informe, existen justificadas prevenciones sobre el éxito que pueda tener en la Corte Penal Internacional que en todos sus años de existencia ha sido lenta y poco concluyente. Pero a mi entender, su importancia trasciende a los eventuales resultados judiciales de la CPI. Divulgar nacional y mundialmente su contenido es hacer conocer a los gobiernos, ciudadanos e instituciones de Venezuela y del mundo, el insospechable nivel de perversidad y crueldad presente en los escalofriantes testimonios registrados. Tanto más si la Corte de La Haya le da inicio formal al seguramente largo proceso.

EL NACIONAL

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