José Ignacio Guédez: El golpe de Estado judicial

Tan previsible era que la Sal Constitucional del TSJ atacara la Enmienda como que el CNE retrasara el revocatorio. Ambas vías serán torpedeadas por los poderes secuestrados por el partido de Gobierno y solo la determinación de la MUD y la protesta popular podrán consolidar alguna u otra distinta que se imponga. En el caso de la Enmienda se trató de un recurso de interpretación que en ningún caso la anula por lo que debe seguir su curso y ser aprobada en segunda discusión para remitirla al CNE para su consulta popular. En el caso del referéndum revocatorio, debemos continuar el proceso a pesar de los obstáculos para ejercer un derecho constitucional entendiendo siempre que se debe materializar este año para tenga eficacia política. Continuemos con la ruta, en unidad.

Pero hay un tema que trasciende al de los mecanismos constitucionales para una salida, y es el del desconocimiento del régimen al Poder Legislativo, lo que constituye un golpe de Estado judicial. Este hecho consumado por varias sentencias absurdas redactadas por magistrados ilegítimos y designados inconstitucionalmente, debe ser denunciado dentro y fuera del país. Si no defendemos el voto del 6D, no vamos a ser capaces de imponer un revocatorio oportuno o de defender votos futuros. La suerte de toda la oposición se juega en la eficacia que tenga el Parlamento, el cual debe actuar como un poder legítimo y autónomo ante los atropellos de la tiranía.

Sería un error histórico cambiar la Asamblea Nacional por una planilla para un revocatorio. Quién puede lo más puede lo menos, en derecho y en política, así que si permitimos que el TSJ cierre judicialmente el Parlamento Nacional, menos podremos evitar que retrasen un referéndum o suspendan unas elecciones. Lo primero es un Golpe de Estado y lo segundo es un retardo administrativo. La protesta y la movilización debe ser en defensa del voto expresado el 6D y de la legitimidad y competencia de la Asamblea Nacional. Esta es la prioridad de la MUD hoy.

Por eso proponemos que se desconozcan las sentencias ilegítimas y antijurídicas que pretenden anular al Poder Legislativo y usurpar sus funciones. El criterio de que la AN no puede legislar en materia judicial ni electoral pero el TSJ sí puede reglamentar el debate interno del parlamento, es simplemente una aberración inaceptable. Comencemos por incorporar a los diputados electos popularmente por el Estado Amazonas, aprobemos definitivamente la Enmienda y promulguemos directamente las leyes aprobadas. Plantemos el conflicto de poderes y defendemos la voluntad soberana del pueblo que exigió un cambio el pasado 6D. Entendamos que la protesta popular pacífica es legítima y democrática, pero sobretodo necesaria en estos momentos cruciales para el futuro del país. Marchemos, no por una planilla, sino por la democracia plena y el cambio urgente en defensa de un pueblo que hoy sufre desesperanzado su peor tragedia.

JOSÉ IGNACIO GUÉDEZ
Secretario General de La Causa R
TWITTER: @chatoguedez

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